Europa quiere mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitana


El Parlamento Europeo estudia cómo mejorar las condiciones de vida de los seis millones de gitanos que viven en la Unión Europea.

Es la minoría étnica más numerosa y su situación, que en algunos países ya dejaban que desear, se ha agravado durante la pandemia.

“No queremos ver nunca más a gitanos que no tienen acceso al agua, a los servicios básicos, a los alimentos, a las medicinas… Porque durante la pandemia hemos visto como se quedaban atrás”, explica Jamen Gabriela Hrabanova, directora de la Red ERGO. Y pide que la Unión Europea los tenga presentes en la elaboración de sus presupuestos plurianuales. “Si no programamos ahora inversiones en objetivos específicos y en medidas específicas no haremos un buen uso del presupuesto durante los próximos siete años.”

El último informe de la Comisión Europea muestra que el 78% de los gitanos viven hacinados, que el 50% carecen de baños en el interior de sus viviendas y que 68% de los niños abandonan la escuela antes de hora.

El ejecutivo comunitario presentará una estrategia para la comunidad gitana en octubre, pero no se plantea elaborar una directiva.

“La estrategia reflejará mejor la diversidad gitana, incluso prestando más atención a la lucha contra la discriminación múltiple de mujeres, jóvenes, personas LGTBI, nómadas, inmigrantes o apátridas”, afirma Helena Dalli, comisaria europea de Igualdad.

Pero para algunos no es suficiente. El eurodiputado Romeo Franz, de origen gitano, ha presentado una propuesta instando a crear reglas y a dotarlas de un mecanismo de supervisión.

“Debemos luchar contra el sentimiento antigitano en el Parlamento. Cuando no se lucha contra este sentimiento antigitano, entonces no hay posibilidad de implementar estrategias de inclusión para las personas de origen romaní. En el pasado, nuestra gente no estaba incluida en las soluciones, no se les preguntaba, había un enfoque paternalista”, afirma este alemán del grupo de los Verdes.

Otros consideran que es necesario combatir la corrupción y evitar el desvío de las ayudas sociales europeas destinadas a estas comunidades.

“La llamada Fiscalía Europea debería ser mucho más visible sobre el terreno. Miles de millones de euros simplemente han desparecido. Si se miran los resultados, se constata que el dinero se ha ido y no hay beneficios tangibles”, concluye Angel Dzhambazki, eurodiputado búlgaro del grupo conservador ECR.